Cuba ante la tormenta: sanciones, crisis energética, y amenazas de invasión

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Son poco más de las 9:00 de la noche y el barrio donde vivo en La Habana está totalmente a oscuras. Desde hace 20 horas, este sector de la capital no tiene energía eléctrica. En mi calle y en las calles aledañas el silencio se ha roto con el ruido de los cacerolazos, una forma de protesta poco inusual en Cuba, pero cada vez más frecuente por estos días.

Hasta cierto punto, resulta comprensible. La falta de electricidad afecta básicamente todos los aspectos de la vida cotidiana de los cubanos y cubanas. Las largas horas de apagón – que pueden llegar a estar cerca de las 48 horas en algunas provincias – dejan muy poco espacio al quehacer diario y obligan a la ciudadanía a “resolver” sus cosas siempre en función de cuándo llegue la luz. Un escenario que, aquí o allá, es normal que genere malestar en la población.

Un malestar social al que apuesta la administración del presidente Donald Trump para adelantar su agenda de cambio de régimen en Cuba.

Desde finales del mes de marzo, cuando el tanquero ruso Anatoly atracó en el puerto de la provincia de Matanzas cargado con 100,000 toneladas de combustible, Cuba no recibe una sola gota de petróleo. El buque, enviado por el gobierno ruso como ayuda humanitaria para la isla, ha sido la única excepción que ha permitido la Casa Blanca al bloqueo petrolero impuesto en enero de este año y que ha impedido de facto que ningún país pueda enviar gasolina o sus derivados a la nación caribeña.

“La situación es muy tensa … no tenemos absolutamente nada de fuel, no tenemos absolutamente nada de diésel”, informaba en cadena nacional a mediados de mayo pasado el ministro de Energía de Cuba, Vicente de la O Levy.

En este contexto, la situación en Cuba es cada vez peor. A la prolongada crisis económica y el deterioro de las condiciones energéticas se han sumado nuevas medidas unilaterales de Estados Unidos, que han provocado la salida de importantes empresas extranjeras del país, incluyendo firmas hoteleras que han operado en la isla por décadas – todas ellas escapando por la puerta de atrás para evitar ser alcanzadas por los largos tentáculos de las sanciones con las que Washington les amenaza.

Para ahondar más el panorama, en las últimas semanas la tensión entre Washington y La Habana ha escalado significativamente tras la decisión de las autoridades estadounidenses de presentar cargos criminales contra el expresidente Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de la organización terrorista Hermanos al Rescate en 1996, incidente que provocó la muerte de cuatro personas. La acusación, que llega con 30 años de diferencia, forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para aumentar la presión sobre el gobierno cubano.

Como cuestión de hecho, mientras escribo este artículo, la Casa Blanca ha anunciado nuevas sanciones contra el presidente Miguel Díaz-Canel y su esposa Lis Cuesta Peraza, la primera vez que ambos figuran en una lista de sancionados por Washington, sumando a la hipótesis de que EE.UU. se prepara para intentar una intervención militar en Cuba como la llevada a cabo el 3 de enero en Venezuela.

Todo lo anterior, por supuesto, en detrimento de las condiciones de vida del pueblo cubano, que atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos 20 años –para muchos, comparable incluso con el llamado Período Especial– con el agravante de no ver una salida a la crisis a corto o mediano plazo.

En las calles reina la incertidumbre. Tras la deriva belicista de Trump en Venezuela e Irán, la población ve con creciente preocupación la posibilidad real de una agresión estadounidense a su país, a la vez que enfrenta las carencias y dificultades del día a día. 

El secretario de Estado, Marco Rubio, principal portavoz del sector más reaccionario del lobby anticubano de la Florida, no ha parado de lanzar amenazas y acusaciones contra La Habana en lo que parece ser una clara estrategia para sentar las bases que justifiquen a nivel mediático su escalada política y acciones potencialmente bélicas contra la mayor de las Antillas.

“Cuba ha patrocinado el terrorismo y ha apoyado a diversos grupos … prácticamente todos los grupos terroristas violentos de izquierda radical en Latinoamérica han dependido, en algún momento, del apoyo de Cuba”, alegaba Rubio en una reciente audiencia en el Senado, echando mano del mejor de los discursos de la Guerra Fría. 

Mientras tanto, medios estadounidenses siguen reportando sobre presuntas conversaciones entre funcionarios estadounidenses y cubanos con miras a una salida diplomática de la crisis, pero sin que, de momento, se vean resultados palpables o que al menos el inquilino de la Casa Blanca haya decidido bajarle al tono violento con el que suele referirse a Cuba.

“Cuba se derrumbó. Nos ocuparemos de ellos en cuanto terminemos con la República Islámica de Irán”, ha dicho Trump en una de sus tantas alusiones a una posible invasión militar de Cuba.

El nudo alrededor del cuello de la economía Cubana

Y en medio del dime y direte entre ambas partes, las sanciones impulsadas por Washington han comenzado a tener efectos visibles sobre el sector turístico, una de las principales fuentes de ingresos de la economía cubana. Varias cadenas hoteleras extranjeras han iniciado el retiro parcial o total de sus operaciones en la isla debido a las nuevas restricciones impuestas por EE.UU. contra empresas vinculadas al conglomerado estatal GAESA, dirigido por las Fuerzas Armadas de Cuba. Entre las compañías afectadas se encuentran las españolas Meliá e Iberostar y la canadiense Blue Diamond –tres de las mayores cadenas hoteleras presentes en Cuba–, así como otros operadores internacionales que han reducido o cancelado su presencia en el mercado cubano.

La decisión tiene lugar tras la Orden Ejecutiva 14404 impuesta por el presidente Trump y que amenaza con sanciones directas a las empresas extranjeras que no deshagan sus vínculos con compañías ligadas al conglomerado. 

La salida de estas empresas representa un duro golpe para una industria que ya venía debilitada por la caída del turismo internacional, los problemas energéticos y la escasez de suministros. Miles de empleos directos e indirectos podrían verse afectados, mientras el país pierde capacidad para atraer inversiones y visitantes extranjeros. La reducción de la actividad hotelera tendría además consecuencias sobre sectores vinculados al transporte, la gastronomía y los servicios.

A este panorama se suma otra noticia de gran impacto: la suspensión de las operaciones de Visa y Mastercard en Cuba. El Banco Central de Cuba informó que el banco extranjero que operaba ambas redes internacionales en la isla dejará de procesar dichas transacciones debido a las restricciones derivadas de las recientes sanciones estadounidenses. La medida sin dudas dificultará aún más las operaciones financieras internacionales, limita las opciones de pago para turistas y residentes, y profundiza el aislamiento económico del país.

El método quirúrgico con el que la administración Trump está aplicando nuevas sanciones unilaterales y reforzando el ya longevo bloqueo financiero y comercial contra el pueblo cubano, está provocando el rápido deterioro de las condiciones de vida en Cuba, a la vez que busca cerrar todas las puertas para una posible recuperación y, con ello, dificultar el seguir resistiendo.

La falta de electricidad el la chispa

La falta de electricidad se ha convertido en uno de los principales detonantes del descontento popular. En los últimos meses, se han registrado algunas protestas en diversas localidades del país. Vecinos han salido a las calles para expresar su descontento ante los cortes eléctricos y el deterioro de los servicios básicos. Si bien las manifestaciones no han alcanzado la magnitud de las protestas del 11 de julio de 2021, ciertamente reflejan un creciente agotamiento social frente a una crisis que parece no tener una solución inmediata.

En su plan para propiciar el derrocamiento del gobierno revolucionario, Estados Unidos parece apostar al desgaste por cansancio de la población cubana con la esperanza de generar un estallido social. 

El gobierno cubano sostiene que la principal causa de la crisis económica es el endurecimiento del bloqueo y las sanciones estadounidenses y argumentan que las restricciones dificultan la compra de combustible, el acceso al financiamiento internacional y la llegada de inversiones extranjeras. Desde La Habana se denuncia lo que consideran una estrategia de asfixia económica destinada a provocar un cambio político en el país.

Estas medidas, ha dicho el presidente Díaz-Canel, “están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos”, quien además ha reiterado en varios mensajes públicos que su gobierno está dispuesto al diálogo “respetuoso” con Washington.

“Invadir Cuba costaría vidas cubanas, costaría cientos de miles de vidas cubanas, pero también le costaría al invasor grandes pérdidas humanas en todo tipo de casos”, afirmaba también el presidente cubano en una entrevista con un medio español sobre la posibilidad de un ataque estadounidense.

Con una economía debilitada, crecientes dificultades energéticas, menos inversión extranjera y una población cada vez más afectada por la escasez, Cuba enfrenta un escenario particularmente complejo. Los próximos meses serán decisivos para el país. Por un lado, está a la espera ver si la isla logra estabilizar su situación o si la combinación de sanciones, crisis económica y tensión social profundiza aún más uno de los momentos más delicados de su historia reciente; por el otro, queda la expectativa de si la administración cumplirá con sus amenazas de una agresión militar o si –por obra y gracia de lo divino– llega a reinar la cordura.